El abogado secreto

ilidad de acceder a una defensa sufragada con fondos públicos y se ven obligados a utilizar sus ahorros o pedir un préstamo para contratar a un letrado privado, y de no hacerlo acaban representándose a sí mismos, meros aficionados en un proceso cuyo desenlace puede ser la prisión. La conclusión es que a las víctimas de un delito se les niega la justicia, y que personas que no son culpables pueden acabar con sus huesos en la cárcel.

Lo que me asombra es que a casi nadie parece importarle. O ni siquiera lo saben.

El día después de que un informe parlamentario de mayo de 2016
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se hiciese público con el título «El sistema penal se encuentra al borde del abismo», ni un solo periódico lo consideró más importante que las habituales historias de miedo sobre la inmigración o, en un caso, un «escándalo» rela‍

error judicial puede confinar a la parte perjudicada, metafórica o literalmente, en una prisión de la que no hay escapatoria.

Cometer un delito implica quebrantar una ley que ofende no solo a los directamente afectados, sino que también atenta tan profundamente contra nuestros valores comunitarios que todos acordamos la necesidad de una acción coercitiva organizada para señalar la afrenta.